España contra Airbnb: gobierno español ordena medida contra el gigante global del hospedaje
Sociedad
Por: Yael Zárate Quezada - 05/21/2025
Por: Yael Zárate Quezada - 05/21/2025
El Ministerio de Consumo de España ha lanzado una nueva estrategia contra el gigante de hospedaje Airbnb, al exigirle la retirada inmediata de más de 65 mil anuncios de viviendas turísticas que, según las autoridades, incumplen con la normativa vigente. La decisión forma parte de una cruzada que busca regular con mayor firmeza un sector que ha crecido vertiginosamente, pero que, en opinión del gobierno, ha operado durante años en un terreno gris.
La petición formal fue dirigida a la filial de la empresa en Irlanda, y abarca exactamente 65 mil 935 anuncios que supuestamente no cumplen con los requisitos legales mínimos. Y es que, de acuerdo con la información, muchos de estos espacios para alojamiento, no presentan un número de licencia oficial, otros muestran datos incorrectos, y varios omiten información clave sobre si el arrendador es profesional o particular, algo indispensable según la normativa española.
Esta exigencia llega después de que un tribunal de Madrid ordenara específicamente la eliminación de 4 mil 984 de estos anuncios. Sin embargo, el Ministerio encabezado por Pablo Bustinduy espera decisiones judiciales adicionales que validen la eliminación de las aproximadamente 60 mil propiedades restantes, distribuidas en seis comunidades autónomas: Madrid, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco y Baleares.
En respuesta, Airbnb se ha defendido al alegar que el Ministerio de Consumo no tiene competencias legales para intervenir en asuntos relacionados con alojamientos turísticos. La compañía también anunció que apelará todas las decisiones judiciales que vayan en su contra, sosteniendo que las resoluciones son “desproporcionadas” y “confusas”.
Actualmente, se estima que existen más de 368 mil viviendas turísticas en todo el país. En este contexto, el gobierno español parece decidido a poner fin al descontrol que, según diversas administraciones locales y colectivos ciudadanos, ha transformado a varias ciudades en zonas de especulación inmobiliaria y expulsado a los residentes de sus barrios.
Detrás de este pulso legal, no solo España sino varios países se preguntan ¿cómo encontrar el equilibrio entre economía colaborativa y regulación urbana? Para España, la respuesta parece inclinarse hacia una vigilancia más estricta, que no sólo proteja a los consumidores, sino también a los derechos de los ciudadanos que ven cómo el turismo impacta su calidad de vida y acceso a la vivienda.
